Partimos de la base de que la Constitución establece que “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.”
Yo creo que todos estamos de acuerdo en que el Estado y las administraciones en general tienen que promover, con sus medios, el derecho a una vivienda digna, pero lo que no pueden hacer es traspasar su obligación a los particulares, como pretenden, ya que no es eso lo que la Constitución establece.
El nuevo gobierno ultima un proyecto de ley basado en el control de precios del alquiler de la vivienda libre, traspasando su obligación como administración al particular.
Existen múltiples soluciones que las administraciones podrían utilizar para conseguir mayor oferta de pisos en alquiler, y por lo tanto y consecuentemente, una bajada de precios:
- La primera pasaría por una mayor seguridad jurídica, de forma que si un inquilino no paga el alquiler, la propiedad pudiera recuperar la vivienda rápidamente, habida cuenta de que algunos propietarios dependen de la renta para su subsistencia.
- Fomentar la inversión privada, para aumentar la oferta, en vez de intervenir el mercado, con acciones como la recalificación de mas suelo y agilidad en las licencias urbanísticas.
- Renunciar a la VPO en propiedad, y destinarla al alquiler, aumentando las unidades disponibles.
- Fomentar las nuevas soluciones inmobiliarias tipo Coliving, Microliving, Seniorliving, Residencias de estudiantes y el alquiler residencial privado.
- Incentivar que mas viviendas vacías salgan al mercado, mediante una mayor seguridad jurídica e incluso beneficios fiscales y ayudas para la rehabilitación, harían este sector mucho mas atractivo.
Estas y otras muchas, harían que el mercado de oferta y demanda se regulara de forma natural.
La opinión de los profesionales inmobiliarios es que el control de precios no va a conseguir la buscada bajada, sino más bien va a fomentar que se destine menos dinero al mantenimiento de los edificios y de los inmuebles, que los inversores en vivienda para alquilar cambien de sector, volverá a aflorar el dinero negro, y por lo tanto el consumidor final se volverá a ver desprotegido, seguido de una menor oferta.
Esta fórmula está mas que comprobado que no ha funcionado en otras capitales europeas, por lo tanto volver a cometer errores del pasado que siguen sin funcionar más bien parecen medidas electoralistas que soluciones inmobiliarias a un problema real que si tiene otro tipo de soluciones reales y beneficiosas, tanto para el usuario final como para la economía en general.
La incertidumbre en la regulación del alquiler se está convirtiendo en una normalidad, y lamentablemente eso hará que el dinero desaparezca y busque refugios más seguros.
Los inmobiliarios, en nuestro deber de ayudar y asesorar a propietarios e inquilinos, y conseguir un digno equilibrio entre ambos, seguiremos trabajando para que las dos partes estén satisfechas, y fomentar las diferentes soluciones habitacionales.
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