El alquiler es un negocio como cualquier otro, en el cual el propietario necesita tener un mínimo de garantías de que en el caso de incumplimiento por parte del inquilino va a poder acudir a la justicia para poder ejercer sus derechos, ni más ni menos;  pero si esos derechos cada vez se recortan más, llega un momento en el que no le compensa alquilar.

Lo que está ocurriendo con las nuevas medidas legislativas, como el límite a la subida del IPC al 2%, cuando al propietario en cambio todo lo demás le  está subiendo el IPC real, cerca del 10%, hacen que los propietarios salgan al mercado con rentas mucho mas altas para curarse en salud.

O la ampliación de la suspensión de los desahucios y lanzamientos de vivienda habitual para personas y familias vulnerables, con cargo al arrendador, que es quien podrá presentar la solicitud de compensación prevista en la disposición adicional segunda del Real Decreto-ley.

Igualmente la incertidumbre acerca de la nueva Ley de vivienda, arrastra a los propietarios a vender sus viviendas o a incrementar los precios de los arrendamientos por los plazos obligatorios de prórroga de 5 años o 7 si el propietario es persona jurídica.

También el hecho de que se puedan llegar a limitar los precios en zonas tensionadas, en las cuales los propietarios han pagado un precio muy alto de mercado por esos inmuebles en la compra, cuando el arrendatario siempre tiene la posibilidad de arrendar en zonas menos céntricas y por lo tanto más baratas.

Para bajar los precios e incentivar a los propietarios a poner sus viviendas en alquiler, sería más razonable que hubiera más incentivos fiscales, más seguridad jurídica de poder cobrar la renta pactada y, en caso de impago, poder desahuciar al inquilino e un tiempo razonable, ya que no olvidemos que muchos propietarios viven o complementan sus ingresos, o pagan una hipoteca  con el alquiler percibido.

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