El tema “¿Por qué no hay suficientes viviendas en España?” plantea una cuestión de relevancia y actualidad que abarca un amplio espectro de factores económicos, sociales y políticos. En un contexto donde la demanda de viviendas supera a la oferta, este problema se ha convertido en un tema fundamental en la sociedad española.

Es un hecho que en los principales núcleos urbanos la demanda supera a la oferta, lo que ha ocasionado que los precios se mantengan al alza a pesar de la situación de recesión y tipos al alza que estamos sufriendo.

Según uno de los portales inmobiliarios mas relevantes en España, el stock de viviendas en venta en Madrid ciudad es de 20.000 unidades, de las cuales 11.200 están entro de la M30, y en alquiler el stock es de 6516 unidades, de las cuales 4816 están dentro de la M30.

Por otro lado el INE nos da una cifra de 3.443.365 viviendas vacías en España de las cuales 263.279 están en Madrid, lo que supone aproximadamente el 10% de las viviendas existentes.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) define en la actualidad vivienda vacía aquella “que no es la residencia habitual de ninguna persona ni es utilizada de forma estacional, periódica o esporádica por nadie”.

A los efectos del censo, se considera que una casa está deshabitada cuando no dispone de contrato de suministro eléctrico o cuando su consumo total de energía registrado en el año precedente ha sido menor al que una vivienda media de ese mismo municipio tendría si se ocupara durante 15 días en todo el año.

Aunque la mayor parte de las viviendas vacías, algo más del 70%, están en municipios de menos de 100.000 habitantes.

Ante esta situación, la ley de vivienda contempla que los ayuntamientos puedan aplicar un recargo en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) en aquellas casas que estén vacías durante más de dos años. A partir de ese momento, la penalización sería de al menos el 50%, llegando a un máximo del 150% en función de la duración de la desocupación y del número de propiedades desocupadas que sean del mismo titular. El objetivo es que tenga un mayor efecto en la optimización del uso del parque edificatorio residencial. Las comunidades autónomas deberán informar al Ministerio de Transportes del número de viviendas vacías que hay en su territorio.

Esto no debería de sorprendernos, puesto que salieran al mercado el porcentaje de viviendas vacías, mejoraría algo la actual situación de escasez y falta de inmuebles.

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