El sector inmobiliario ya tiene un abanico de novedades legislativas que serán efectivas a partir de 2025. La mayoría de ellas han quedado recogidas en el Real Decreto ley 9/2024, de 23 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes en materia económica, tributaria, de transporte y de Seguridad Social, y se prorrogan determinadas medidas para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social. Es decir, afectan a diferentes ámbitos, como puede ser la fiscalidad o incluso a los desahucios:
- Se amplían hasta el 31 de diciembre de 2026 las deducciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) por obras de mejora de la eficiencia energéticas en viviendas que se aplican sobre las cantidades invertidas en obras de rehabilitación que contribuyan a alcanzar determinadas mejoras de la eficiencia energética de la vivienda habitual y en los edificios residenciales, acreditadas a través de certificado de eficiencia energética.
- Se actualizan los importes máximos de los coeficientes a aplicar sobre el valor del terreno en el momento del devengo, según el periodo de generación del incremento de valor respecto del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, denominado comúnmente como Impuesto de Plusvalía.
- Se ha aprobado la aportación de inmuebles Patrimonio del Estado a SEPES, Entidad Pública del Suelo adscrita al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, para el desarrollo de una política de vivienda asequible. SEPES tendrá en su patrimonio viviendas procedentes del Instituto de la Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED), el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), y la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (SIEPSE), entre otros.
- Se amplía hasta el 31 de diciembre de 2025 la suspensión de los procedimientos de desahucio y lanzamientos en los supuestos y de acuerdo con los trámites ya establecidos.
- Se ha aprobado el Real Decreto 1312/2024 por el que se regula el procedimiento de Registro Único de Arrendamientos y se crea la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos para la recogida y el intercambio de datos relativos a los servicios de alquiler de alojamientos de corta duración, que entra en vigor a partir del 2 de Enero de 2025.
Esta normativa obliga a los arrendadores de alquileres de corta duración a registrar sus propiedades y obtener un número de registro único, indispensable para publicitar en plataformas digitales como Airbnb. Las plataformas deben verificar estos registros, realizar auditorías y reportar sus resultados. Este cambio busca combatir el alquiler ilegal y asegurar la transparencia en el mercado. - Se ha aprobado la Orden HAC/1484/2024, de 26 de diciembre, por la que se aprueban los precios medios de venta aplicables en la gestión del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones e Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte.
- Limitación en la subida de alquileres. El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha presentado una nueva herramienta en línea que permite calcular el precio máximo al que se puede actualizar el alquiler en 2025. Esta calculadora está disponible en la página web del Ministerio y responde a la reciente publicación del Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre un nuevo índice de referencia para la actualización de los contratos de alquiler. Dependiendo de si el contrato fue firmado antes o después de la Ley por el Derecho a la Vivienda en mayo de 2023, se utilizarán diferentes índices, como el Índice de Referencia para la Actualización de Arrendamientos de Vivienda (IRAV) para contratos posteriores a mayo de 2023, o el Índice de Precios al Consumo (IPC) o el Índice de Garantía de Competitividad (IGC) para contratos anteriores.
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