A raíz de la nueva regla del 70% en la tasación de viviendas aprobado por El Real Decreto-ley de medidas urgentes en materia de vivienda, se comete una gran injusticia.
El gran error de la ley: Confundir un fondo buitre con una S.L. familiar, a un mal llamado gran tenedor que en realidad es un ahorrador y a la pequeña empresa.
El principal problema de esta regulación es su falta de precisión. Al aplicar la norma a todas las «personas jurídicas» por igual, la ley golpea de lleno a las pequeñas empresas familiares al gran tenedor y a las inmobiliarias locales que utilizan la compra, reforma y venta (el conocido house flipping) como un complemento a sus ingresos o como forma de ahorro patrimonial.
Para estas microempresas, el impacto es crítico por tres motivos:
- Destrucción del margen de reforma: El negocio de una pequeña inmobiliaria local suele consistir en comprar pisos muy deteriorados, herencias complejas o inmuebles con problemas de habitabilidad a precios muy bajos. Tras una reforma integral, devuelven esa vivienda reformada al mercado. Al obligarles a pagar como mínimo el 70% del valor de tasación estándar, la ley elimina el margen de beneficio, haciendo inviables la mayoría de estas operaciones.
- El absurdo de los activos «problemáticos»: Un piso okupado, con daños estructurales graves o con cargas judiciales tiene un valor real bajísimo. Sin embargo, las tasadoras oficiales miden metros cuadrados y zona, arrojando valores de tasación elevados. Como la pequeña empresa no puede comprarlo por debajo del 70% de esa cifra artificial, y un comprador particular no quiere meterse en esos problemas, estos inmuebles quedan condenados al abandono.
- Pérdida de agilidad frente al particular: La gran ventaja de una pequeña S.L. inmobiliaria era la capacidad de ofrecer liquidez inmediata a familias que necesitaban vender urgentemente (por ejemplo, para pagar una residencia, deudas o un divorcio). Al imponer la obligación de tasar y el límite de precio, se destruye esa rapidez operativa.
¿Afecta al comprador particular?
Sobre el papel, no. Si eres una persona física que compra una vivienda para uso personal, esta limitación no te aplica y eres libre de negociar el precio que quieras.
No obstante, el sector ya advierte de un «efecto contagio» en las notarías. Ante el miedo a sanciones y para evitar fraudes de ley, muchos notarios están empezando a exigir tasaciones preventivas también en operaciones entre particulares cuando el precio de venta es sospechosamente bajo. Esto se traduce en más retrasos y más costes burocráticos para el ciudadano de a pie.
Conclusión: Un freno a la economía local
Lo que se diseñó como un muro de contención contra el gran capital extranjero ha terminado convirtiéndose en una trampa para el tejido empresarial local. Al no distinguir entre el volumen de un fondo internacional y la realidad de una S.L. familiar que complementa sus ingresos, la ley no solo frena la inversión, sino que rigidiza un mercado de vivienda que lo que necesita, precisamente, es dinamismo y rehabilitación.
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