Según un informe realizado por Atlas Real Estate Analytics (Fragua) el 20,83% de España cumpliría con los requisitos para considerarla zona tensionada.
Con la nueva Ley de Vivienda de Mayo de 2023, son las comunidades autónomas, quienes tienen las competencias en materia de urbanismo para poder declarar una zona tensionada para intentar poner soluciones como el tope a los precios del alquiler dependiendo del caso.
Las zonas tensionadas son aquellas donde hay una desproporción entre el precio de los alquileres y el poder adquisitivo de los habitantes; es decir, donde el precio del alquiler está disparado, pero para declararse zona tensionada se debe cumplir con ciertos requisitos.
La declaración de zona tensionada tiene una validez de tres años, prorrogable anualmente siempre que sigan dándose las circunstancias que motiven tal declaración.
Los requisitos para declarar zona tensionada son:
La mayoría de zonas tensionadas se encuentran por orden de mayor a menor volumen, en Barcelona, Madrid, Valencia, las islas y el litoral mediterráneo y la Costa del Sol.
También se extienden por ciudades como Zaragoza, Albacete, Ciudad Real, Cádiz, Huelva o Murcia, entre otras.
En caso de que tu zona se declare tensionada pueden aplicarse estas medidas:
En general, los precios no podrían subir en las zonas tensionadas más que un 2% en 2023, un 3% en 2024, y lo que establezca después el índice de referencia para la actualización anual de los contratos de alquiler que se ha encargado que elabore el Instituto Nacional de Estadística (INE) y de cara a 2025, comenzará a aplicarse un nuevo índice pendiente de ser diseñado, que supondrá dejar atrás la utilización del IPC como referente a la hora de actualizar el precio del alquiler.
Sin embargo, como corresponde a las comunidades autónomas aplicar o no la Ley de Vivienda y definir un mercado residencial tensionado, en realidad se ha convertido en una cuestión política, ya que dependerá de quien gobierne en tu región si al final estas medidas te influyen o son anecdóticas a la hora de alquilar un piso y en la práctica, ninguna autonomía ha procedido a solicitar esta declaración, a pesar de la voluntad de algunas de ellas como Cataluña.
En conclusión y en nuestra opinión, la Nueva Ley de vivienda en materia de alquiler ha introducido medidas intervencionistas que lejos de conseguir el objetivo deseado de favorecer la oferta y la demanda con un equilibrio de precios en el mercado favoreciendo así a las familias más vulnerables, está provocando todo lo contrario, escasez de oferta que eleva el precio de los alquileres, huida de los inversores que no encuentran la suficiente seguridad jurídica en el alquiler y embudo para el pequeño ahorrador que encontraba en invertir en vivienda un refugio de inversión y de complemento a su pensión de jubilación.
El sector inmobiliario, según Ana Luengo, Presidenta de AMPSI (Asociación de mujeres inmobiliarias) tiene sus propias normas, su propia idiosincrasia, y suele moderarse sólo y ahora mismo está sufriendo las consecuencias de un enorme intervencionismo del Estado y está demostrado ya en otros países que esto no funciona.
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