El Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (Coapi) de Madrid, que preside Jaime Cabrero García, reclama más flexibilidad en la práctica y desarrollo del reciente nuevo marco normativo para la reestructuración del sector financiero y bancario con el objetivo de contar con los profesionales del sector privado que trabajan en el ámbito inmobiliario, entre los que se encuentran los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria.
El nuevo Real Decreto Ley aprobado por el Consejo de Ministros del viernes 31 de agosto y publicado en el BOE del mismo día establece un detallado y amplio marco legal que incluye una batería de medidas con el objetivo de salvaguardar la estabilidad del sistema financiero. A su vez, la norma facilita la futura recepción de asistencia financiera, tal y como se acordó en el Eurogrupo en el mes de julio.
El Coapi de Madrid valora de forma muy positiva el esfuerzo del Gobierno en sanear el sector financiero y cree que es esencial la ayuda de las instituciones europeas para avanzar en las reformas necesarias para el conjunto de la economía española. Importante es el refuerzo que se introduce para la protección de los inversores minoristas. De igual forma, la nueva configuración jurídica del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) le permitirá gestionar de forma reforzada el complicado escenario en el que se encuentran algunas entidades de cara a solucionar sus problemas.
El Real Decreto Ley introduce en nuestro sistema la “Sociedad de gestión de activos”, que es el nombre técnico y exacto de lo que se denomina en el lenguaje habitual “banco malo”. Se trata de la fórmula sobre la que se lleva especulando varios meses para limpiar el sistema financiero de los activos tóxicos inmobiliarios. Según se ha explicado desde el propio Ministerio de Economía y Competitividad, este instrumento permitirá sacar del balance determinados activos problemáticos de las entidades que reciban apoyo público para facilitar así su saneamiento y viabilidad”. Además, “el FROB tendrá capacidad para obligar al traspaso de esos activos a las entidades con ayudas”. El Coapi de Madrid cree que esta medida tiene algunas notas de rigidez, por lo que dada la coyuntura actual del mercado inmobiliario es necesario introducir medidas complementarias de flexibilidad.
El esquema jurídico del Real Decreto Ley se centra exclusivamente en cómo solucionar la mala situación de los inmuebles en manos de la banca. Si a ello se añade que las entidades financieras van a recibir ayuda económica pública, muestra cómo este planteamiento puede introducir distorsiones en el mercado, ya que la norma olvida a todos los agentes jurídicos y profesionales que actúan en el sector privado.
En otras palabras, se genera un nuevo ámbito en el mercado en el que da la impresión de que sólo pueden entrar en juego los propios bancos y a su vez se olvida al resto de agentes y empresas que operan en el mercado inmobiliario español. Si se traduce esta nueva situación en cifras, los bancos tienen una cartera inmobiliaria de 140.000 pisos, se observa que el número de inmuebles en manos de la banca representa el 20% de todo el stock del parque español, cifrado en 700.000 viviendas. Esta proporción puede crecer en los próximos años, según han alertado diversas asociaciones, ya que el auge que vive actualmente la oleada de ejecuciones hipotecarias puede situar la cartera inmobiliaria de los bancos en 350.000 en los próximos 4 años.
A modo de ejemplo, el artículo 36.2 del decreto establece que “con carácter previo a la transmisión, la entidad de crédito realizará los ajustes de valoración de los activos a transmitir según los criterios que se determinen reglamentariamente”.
El Coapi de Madrid reclama que el Gobierno recomiende o permita que los bancos puedan contar con más facilidad con la colaboración profesional de todos los agentes que operan en el mercado inmobiliario, lo que sin duda redundará en una mayor seguridad jurídica en las transacciones. Es decir, que las entidades puedan encontrar facilidades para acceder al dinamismo que ofrecen las redes comerciales externas que disponen todos los profesionales que trabajan en el sector, como es el caso de los API.
Se trata de una reivindicación que también han realizado otros colectivos, como es el caso de la Asociación de Usuarios de Bancas, Cajas y Seguros (Adicae), que ya ha alertado recientemente de cómo la creación del “banco malo” puede generar “competencia desleal con el sector privado”. Además de advertir de otros peligros, como “el abaratamiento forzado de la vivienda y un posible aumento de los desahucios”.
Otro de los aspectos que se ha debatido en las últimas semanas es el referido al impacto en los precios del mercado que provocará esta medida y que consistirá en un aumento del abaratamiento de los inmuebles. Sea como fuere, y dado que la evolución de los precios mantiene una tendencia continuada de descenso, lo importante es buscar soluciones para activar el mercado.

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