La incompatibilidad de comprar con un valor de referencia y de alquilar en un precio máximo

Mucho nos tememos que el legislador está cometiendo una injusticia con los propietarios arrendadores que raya en el absurdo.

Analicemos la situación: desde el 1 de enero de 2022, si compramos un inmueble, independientemente del precio que paguemos por él, deberemos de liquidar los impuestos por el valor mínimo de referencia, el cual en muchos casos es muy superior al de venta real de mercado, ya que este valor no atiende a circunstancias particulares como:

1. La altura de un inmueble, si es un primero o un ático (solo si es bajo o semisótano, y en un porcentaje muy pequeño)
2. Si tiene o no ascensor
3. Si el edificio se encuentra en buen estado o si ha pasado la ITE
4. Si el inmueble está reformado, con una obra de lujo  o si precisa de una obra integral
5. Ni si tiene  balcones a la calle o un ventanuco a un patio
6. Si tiene humedades o no

Y así un sinfín de características que influyen de manera considerable sobre el precio de un inmueble de forma particular, y que pueden variar de forma alarmante sobre viviendas en el mismo edificio, llegando a significar hasta una tercera parte del precio del inmueble o más.

Queda patente por lo tanto la injusticia de este sistema para el pago de impuestos.

Por otro lado, el legislador nos quiere imponer que por esas propiedades sobre las que hemos pagado precios desorbitados, e impuestos injustamente por encima de lo que debiéramos, ajustemos la renta en zonas tensionadas, no nos podamos desgravar lo mismo que antes, e incluso tengamos precios máximos de alquiler por m2, que no podamos subir el IPC más del 2% aunque todo lo que consumimos sí que sube hasta el 7%, etc.

Creo que es sencillo de entender: si  tengo un inmueble en una zona “tensionada” es que he pagado un alto precio por la compra, y por lo tanto si no obtengo una rentabilidad adecuada, no me compensará alquilarlo.

El mercado se regula solo, la ley de oferta y demanda funciona, y si lo intervenimos y la balanza se inclina mucho hacia un lado, se produce un desequilibrio que al final afecta negativamente a todos, arrendadores y arrendatarios.

Si como arrendador no compensa alquilar, no lo hago, por lo tanto disminuye la oferta, aumentan los  precios, y se agudiza el problema de falta de vivienda.

Si a eso le añadimos que yo he podido invertir mis ahorros en un inmueble para que me genere una renta, y por algún motivo los inquilinos no pagan la renta, y el sistema no me protege como debiera, al final estoy desincentivando el ahorro y la puesta a disposición en el mercado de viviendas en alquiler.

Creo que deberíamos analizar esas cuestiones para ver realmente como están afectando a las personas, y los perjuicios económicos que les están ocasionando.