A raíz de la nueva regla del 70% en la tasación de viviendas aprobado por El Real Decreto-ley de medidas urgentes en materia de vivienda, se comete una gran injusticia.
El gran error de la ley: Confundir un fondo buitre con una S.L. familiar, a un mal llamado gran tenedor que en realidad es un ahorrador y a la pequeña empresa.
El principal problema de esta regulación es su falta de precisión. Al aplicar la norma a todas las «personas jurídicas» por igual, la ley golpea de lleno a las pequeñas empresas familiares al gran tenedor y a las inmobiliarias locales que utilizan la compra, reforma y venta (el conocido house flipping) como un complemento a sus ingresos o como forma de ahorro patrimonial.
Para estas microempresas, el impacto es crítico por tres motivos:
Sobre el papel, no. Si eres una persona física que compra una vivienda para uso personal, esta limitación no te aplica y eres libre de negociar el precio que quieras.
No obstante, el sector ya advierte de un «efecto contagio» en las notarías. Ante el miedo a sanciones y para evitar fraudes de ley, muchos notarios están empezando a exigir tasaciones preventivas también en operaciones entre particulares cuando el precio de venta es sospechosamente bajo. Esto se traduce en más retrasos y más costes burocráticos para el ciudadano de a pie.
Lo que se diseñó como un muro de contención contra el gran capital extranjero ha terminado convirtiéndose en una trampa para el tejido empresarial local. Al no distinguir entre el volumen de un fondo internacional y la realidad de una S.L. familiar que complementa sus ingresos, la ley no solo frena la inversión, sino que rigidiza un mercado de vivienda que lo que necesita, precisamente, es dinamismo y rehabilitación.
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