Las viviendas turísticas aumentaron un 9,2% en España en el último año (febrero de 2024 respecto a febrero de 2023), con un total de 351.389 apartamentos, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Desde muchos sitios ya se ve a la vivienda turística como al enemigo al igual que al alquiler temporal.
“Mucho ruido y pocas nueces” por parte de los partidos que conforman el Gobierno, que centran la solución en la subida y penalización fiscal, con la justificación de que de esa forma retorne la vivienda turística al uso tradicional y el acicate de generar ingresos extra desde esos más de 350.000 pisos turísticos, añadiendo a este el alquiler temporal que ya representa más del 30% de todos los anuncios de alquiler, llegando al 64% en Barcelona y sobre el que ronda también la subida y penalización fiscal.
La propuesta de reformas fiscales anunciada por el Gobierno de España, impulsada por el acuerdo entre PSOE y Sumar, intenta transformar el panorama de la vivienda con medidas como:
- la subida del IVA para los apartamentos turísticos.
- la eliminación del régimen fiscal de las Socimi.
- la aplicación de impuestos al lujo, se pretende diversificar el parque de viviendas y reforzar la equidad en la distribución de la riqueza.
La subida del IVA para los apartamentos turísticos penalizara al consumidor final, sobre todo a la clase media y trabajadora que no puede acceder a los hoteles para sus vacaciones, por el precio al que se han puesto. Se da la paradoja de que una habitación en un hotel de lujo está gravada con un 10% y un apartamento de uso turístico familiar en cualquier costa de España, lo estará en un 21%. buscando disminuir la rentabilidad de los pisos turísticos para que los propietarios se inclinen hacia el alquiler de larga temporada, contribuyendo así a paliar la escasez de viviendas en las zonas más tensionadas.
No parece muy acertada la solución de subir del 10% al 21% el gravamen, dado que puede volverse en contra al afectar directamente a los usuarios y a los pequeños propietarios que constituyen la mayoría del mercado, cuya decisión en buena medida será retirarlos del mercado por completo decantándose por vender su inmueble amen de la pérdida de empleos e ingresos relacionados con el turismo que se perderían.
La eliminación del régimen fiscal de las Socimi (Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario). El nuevo acuerdo contempla la eliminación del régimen fiscal especial que permite a estas sociedades tributar al 1% en el Impuesto de Sociedades. Según el Gobierno, esta ventaja no ha logrado aumentar significativamente el parque de viviendas en alquiler y es necesario un enfoque más efectivo. Las principales Socimi en el mercado advierten que esta medida podría reducir el atractivo de España como destino de inversión inmobiliaria y limitar la disponibilidad de capital necesario para grandes proyectos urbanísticos. Queda por averiguar si esta inversión en grandes proyectos no incrementa los precios finales del inmobiliario.
La aplicación de impuestos al lujo La reforma fiscal no se limita a los apartamentos turísticos. El acuerdo entre PSOE y Sumar incluye también la implementación de un impuesto de lujo a bienes como yates, jets privados y vehículos de alta gama, y busca incrementar la carga fiscal sobre la banca. En el caso de esta última, se mantiene el gravamen a sus beneficios, argumentando que las entidades financieras deben contribuir de manera más equitativa al sostén social, especialmente en un contexto de beneficios récord, como los que están teniendo este año. Las eléctricas parece que se libran, a pesar de sus inmensos beneficios.
Además de estas medidas en el incremento de la fiscalidad, no es la única, desde distintas comunidades buscan soluciones para equilibrar el acceso a la vivienda, como:
- En Cataluña las nuevas viviendas turísticas deberán disponer de licencia urbanística.
- En Canarias se quiere impedir la compra de vivienda por extranjeros.
- El Sindicato de Inquilinos pide el control del alquiler temporal.
La pregunta del millón es ¿estas medidas son eficaces?
Si solo se aplican medidas fiscales, creemos que no, solo son parte de la solución. Al final penalizara al consumidor final, y dañara a sectores económicos clave. Si estas medidas no se acompañan de mejorar la seguridad jurídica del propietario (en que habrá que hacer alguna cosilla), de promover la inversión pública en vivienda asequible (a la que ya llegamos tarde) y se encuentre un punto de equilibrio entre la protección al usuario y la protección al tejido económico seguiremos con el problema y el descontento para todos.
Los inmobiliarios llevamos reivindicando esto hace tiempo a través de numerosas asociaciones, pero somos un sector poco escuchado por las Administraciones Publicas, sin tener en cuenta que los que estamos a pie de calle somos los que mejor conocemos las necesidades y las carencias del mercado.
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