Hay varios aspectos en esta adjudicación, al menos tal cual se recoge en el artículo de El País publicado el 22 de febrero, que siembran dudas respecto a un funcionamiento eficaz y rápido en la gestión encomendada, además de ser proclive a un coste elevado por la multiplicidad de intervinientes.

En primer lugar, son seis los despachos de abogados –aunque en el recuadro periodístico no se especifica el número- que, por supuesto no son expertos en tasaciones inmobiliarias, y tendrán que apoyarse en las agencias designadas.

¿Para qué seis bufetes? ¿No sería suficiente con un asesor jurídico?, sobre todo teniendo en cuenta que para todo el trasvase de activos de las entidades afectadas al BANCO MALO han debido de intervenir los departamentos jurídicos de los deferentes Bancos, amén del Banco de España y del Ministerio de Economía y el de Hacienda. Nos va a ocurrir aquello tan bien explicado por Peter en sus principios: como tienen que justificar sus honorarios, que no serán nimios por el renombre del que gozan, se verán obligados a rellenar informes, solicitar aclaraciones, marear la perdiz en una palabra, dilatando los trámites para hacer ver la importancia de su tarea.

Es de suponer que en los activos a valorar figurarán solares, promociones, locales, naves y viviendas nuevas y de segunda mano. Por tanto, sería aconsejable que la tarea la realizasen peritos conocedores y experimentados en cada uno de los sectores, lo cual no sucede con las agencias elegidas –aunque en la reseña de El País no figura su nombre, se conocen quiénes son – y, en consecuencia deberán subcontratar los servicios. Más costos.

Disponemos en España de Colegios de Agentes de la Propiedad inmobiliaria en todas las provincias con colegiados entendidos en todos y cada uno de los bienes inmuebles y con el apoyo de los departamentos propios del Colegio de Agentes. Por si fuera poco, la organización patronal está constituida por las principales agencias inmobiliarias españolas también con asistencia jurídica, informática y fiscal propias. El dinamismo que se podría producir en todo el proceso es palpable; y no contemos con los ahorros en honorarios, viajes y dietas.

Lo que ya no se sabe es si es posible un replanteamiento de esta adjudicación, o se mantiene el derroche interesado: al perjuicio económico de la reforma bancaria añadamos gastos y más gastos.

por: Javier Díaz Calero

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