Por fin el Real Decreto Legislativo 1/2013 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social recoge que las viviendas en régimen de propiedad horizontal deberán hacer obras antes del 4 de diciembre de 2017 para garantizar que las personas con discapacidad ó mayores de 70 años puedan usar los espacios comunes y tengan accesibilidad a sus viviendas.
Lo curioso es que haya hecho falta una ley para obligarnos y ser solidarios con aquellas personas que necesitan un ascensor, una rampa, o sea, accesibilidad para poder vivir en sus casas.
Raro es encontrar una Comunidad de vecinos, en la que no teniendo aún ascensor instalado, no estén enzarzados en interminables disputas entre ellos, normalmente por que los locales ó pisos inferiores no quieren hacerse cargo del coste del mismo.
A estos vecinos sería bueno ponerles en la tesitura de que fueran ellos mismos los que no pudieran por ejemplo entrar y salir de sus casas por no disponer de un ascensor, y tener alguna discapacidad, creo que sería bueno que intentaran ponerse en la situación de quien sí lo necesita y analizaran lo que les supondría encontrarse en su lugar y tener además que estar en disputas con sus propios vecinos por que no apoyan lo que debería ser un derecho junto al deber de solidaridad y apoyo.
Algunos aluden dificultades económicas, pero afortunadamente esta nueva legislación también prevé este escollo y acota los desembolsos, ya que para facilitar la accesibilidad universal no deben suponer una “carga desproporcionada o indebida”, lo cual se traduce en que “La carga es desproporcionada cuando el coste de las obras repercutido anualmente, descontando las subvenciones y ayudas públicas a las que se pueda tener derecho, exceda de 12 mensualidades ordinarias de gastos comunes”.
Si se sobrepasa ese presupuesto, entonces los vecinos tienen que convocar una junta y el acuerdo ha de ser adoptado con el voto favorable de la mayoría de los propietarios que, a su vez, representen la mayoría de las cuotas de participación. Ahora bien, en el caso de que los vecinos que hayan solicitado las obras abonen el resto del coste por su cuenta, todos los demás estarán también obligados a pagar sus 12 mensualidades.
Así que ya no hay excusa para facilitar la vida a nuestros vecinos y empezar a ser más solidarios con ellos y sus necesidades.
Ojalá algún día podemos vivir en ciudades accesibles para todos, al menos en lo que a vivienda se refiere.
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